Nuestro buen señor Zp ha decidido que hay que aprobar una reforma Express de la CE para fijar el límite de déficit de las administraciones públicas.
Hay mucho que objetar a esta reforma. Primero la forma: por sorpresa y en verano y a toda prisa antes de la disolución de las Cortes. Un proceso que así comienza sólo puede acabar en chapuza, la típica chapuza española para salir del paso. Tampoco me sorprende que Rajoy se haya apuntado al carro de una idea que no le era ajena puesto que ya la propuso él mismo. Pepe Gotera y Otilio nos van a sacar de la crisis. Una propuesta aceptable para los dos “grandes” partidos, grandes en tamaño, chupópteros y procesados pero pequeños en ideas, principios y lealtad a España.
En segundo lugar, esta reforma va en contra de todo lo que pregonaba el gobierno socialista hasta hace dos días (“la salida de la crisis, será social o no será”), lo cual lleva a pensar que es una medida impuesta desde fuera. Los peces gordos de la Unión Europea, Alemania y Francia, no se fían de España y le han impuesto este cambio a nuestro gobierno. Otra explicación no hay para esta súbita conversión a las bondades de la buena administración que se ha obrado en Zp, o eso o es que el veraneo en Doñana tiene estos efectos sobre la psique de Don Zp... Y si lo primero es cierto, que lo es, no puedo menos que quejarme –otra vez más- de este gobierno nefasto e incapaz, que ahora nos quiere meter esta trola del control del déficit mediante reforma constitucional. Este gobierno de traidores, una vez más, vende nuestra soberanía nacional en la almoneda internacional a la que nos ha abocado su desvergüenza y su incompetencia. Su derecho a equivocarse hace mucho tiempo que expiró.
Después, el fondo de la cuestión: ¿es necesaria y útil una reforma en la línea propuesta?
¿Se necesita reformar la Constitución para conseguir que las administraciones públicas limiten su voracidad gastadora? ¿No llega una ley orgánica de estabilidad presupuestaria? ¿Quién garantiza que esos nuevos artículos no sean otros más de los muchos que forman el papel mojado de nuestra Constitución? Este gesto de cara a la galería internacional, nos deja en pelota picada. Actuamos tarde, mal y a rastras.
Si lo que se quiere es contener y reducir el déficit, no hay que matar moscas a cañonazos, reformar la Constitución es lo de menos, lo importante es meter la tijera al Estado en todas sus oprimentes formas: central, autonómico, local, diputaciones. Menos déficit exige, además de dejar de gastar en tonterías como el Plan E, un replanteamiento global de la función del Estado y, como consecuencia, de las instituciones a través de las cuales aquel interviene en la sociedad: educación, sanidad, justicia, representación política, defensa, política de subvenciones.
Para contener y reducir el gasto público hace falta una mentalidad diferente a la que hay en el PP y por supuesto, en el PSOE, partiducho que debería desaparecer si los ciudadanos de verdad le pasasen la obligada factura el 20N. Sus 100 años de honradez hace tiempo que caducaron.
Por desgracia, la mentalidad que puede hacer cambiar a España de una vez por todas, no abunda en nuestra sociedad adormecida entre los algodones del estado del bienestar, esa musiquilla que todo el mundo tararea pero que luego nadie quiere pagar. El todo gratis y la misma basura para todos -excepto para los políticos- debería acabarse. El esfuerzo, el trabajo, el sacrificio deben tener la recompensa que el mercado pueda pagar y el Estado debe interferir lo menos posible en los negocios y vidas de los ciudadanos para que sean éstos los que bajo su cuenta y responsabilidad busquen lo mejor para ellos y sus familias.
La desaparición del déficit público es una consecuencia de la mentalidad mencionada, no hace falta meterlo en un artículo vacío, otro más, de una Constitución completamente desprestigiada por su permanente incumplimiento.
Si hablamos de reformar la Constitución, hágase una reforma profunda para corregir todo aquello que, en estos 33 años de vida, se ha demostrado algunas veces ineficaz y en otros claramente perjudicial. Me estoy refiriendo concretamente a las diputaciones provinciales y a las autonomías; las autonosuyas que diría Vizcaíno Casas, se han caracterizado por su derroche, corrupción e irresponsabilidad cuando no como una fuerza destructiva de la misma nación española, sembrando la desigualdad y la injusticia en todo el territorio nacional. Hoy un español de Cádiz no tiene los mismos derechos que un español de Barcelona, ni las mismas obligaciones. El concierto vasco, el régimen foral navarro y el estatuto de Cataluña son los ejemplos más claros y contundentes de las diferencias entre españoles, por no hablar del tema lingüístico que daría para escribir un libro, otro más de los muchos que han denunciado la opresión y la falta de libertad en ciertas regiones españolas y que no han servido para nada, pues se siguen pisoteando impunemente derechos básicos sin que nadie vaya a la cárcel y ni tan siquiera sea inhabilitado para cargo público. De las diputaciones qué se puede decir: si existen las autonomías, sobran las diputaciones, la duplicidad es obvia. Y si existen los ministerios, sobran autonomías y diputaciones. Menos cargos políticos y más funcionarios profesionales debidamente controlados por órganos independientes.
¿Por qué sobran las autonomías? En pocas palabras, porque no sirven para nada más que gastar y generar corrupción y estructuras políticas innecesarias. Propongo la vuelta al sistema de delegaciones territoriales de los ministerios correspondientes, integrar a los funcionarios en los ministerios y que desaparezcan parlamentos regionales, gobiernos autonómicos y toda la zarandaja asociada. Político y administración eficaz son conceptos que se oponen. Cuántos menos políticos mejor. ¿Para qué tantos concejales en los ayuntamientos? Con el alcalde es suficiente para dar la orientación política del ayuntamiento, lo demás deberían ser funcionarios competentes bien dirigidos independientemente del color político. También sería necesario, como consecuencia de la desregulación libertadora, hacer un expediente de regulación de empleo de funcionarios para que, de forma voluntaria y por razón de edad, se pueda ir aligerando la carga salarial que debemos pagar entre todos los contribuyentes. Menos funcionarios y los que haya bien pagados y con adecuados controles de productividad y cumplimiento laboral. Para pagar funcionarios que estorben, es mejor enviarlos a casa aunque tengamos que seguir pagando.
Por qué no hablar de reformar la Constitución para garantizar la independencia judicial de una vez. Pero esa es otra historia….., hoy no da para más.
